La inseguridad alimentaria, en el contexto actual del país, presenta un desafío significativo que afecta a 6 millones de personas (un 13,3% de la población) y especialmente, a aquellos en situaciones de extrema vulnerabilidad. Según un estudio reciente de Cruz Roja, realizado en colaboración con la Universidad Carlos III, se han identificado factores críticos que agravan esta situación y los esfuerzos que la organización lleva a cabo para mitigar estos problemas.
La tasa de desempleo en España ha crecido considerablemente desde el 2007, situándose en un 12.29% en el primer trimestre de 2024. Este incremento, combinado con la escalada de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó un 15,7% en 2022, ha dejado a muchas familias en una situación precaria que también se ha visto arrastrada desde la crisis de 2008, la pandemia de la covid19, o el conflicto en Ucrania. La inseguridad alimentaria, entendida como la falta de acceso a una alimentación adecuada y nutritiva por razones económicas, sociales o culturales, se ha visto exacerbada por estos factores.
El perfil de las personas atendidas por Cruz Roja muestra una alta vulnerabilidad: el 61,3% no están ocupadas y del 67,4% de quienes sí tienen empleo trabaja a tiempo parcial. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) entre estas personas es alarmantemente alta y alcanza el 96,7%, en comparación con el 26% del conjunto de la población española.
El estudio de Cruz Roja, además, revela que el 70% de las personas atendidas por esta Organización están preocupadas por no poder alimentar adecuadamente a sus familias. La inseguridad alimentaria conlleva una dieta menos variada y saludable, lo que agrava problemas de salud como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. La elección de alimentos está fuertemente influenciada por el precio, con un 80,5% de la muestra que prioriza alimentos más baratos y saciantes, aunque menos nutritivos. Las mujeres suelen ser las que más se privan a sí mismas, principalmente de alimentos más saludables que destinan a sus hijos e hijas, y hay una relación directa entre inseguridad alimentaria y falta de ingresos: a menor nivel de ingresos, mayor inseguridad alimentaria. Esta falta de ingresos no solo reduce la variedad y calidad de la dieta, sino que también dificulta la sustitución de alimentos por razones de salud, como intolerancias alimentarias, ya que estos productos suelen ser más caros. Esta situación contribuye a un deterioro de la salud general, con un 30% de los hogares que presenta enfermedades relacionadas con malos hábitos alimentarios (obesidad, diabetes, colesterol alto, hipertensión) o intolerancias y alergias.
La aceleración de la vida actual, las largas jornadas, la disponibilidad constante de alimentos en los supermercados y los ultraprocesados provocan que muchas veces la preparación de comidas caseras y el acto de comer con calma pase a un segundo plano. Según el Índice de Alimentación Saludable (IASE), el 70,6% de las personas presentan una alimentación poco saludable y el 63,6% de las que consideraba saludable su dieta en realidad necesita cambios, por lo que hay que sensibilizar para desmontar creencias erróneas. El estudio revela un alto consumo de embutidos y fiambres (76,5%), dulces (66%) y refrescos azucarados (52,9%) y solo el 49,5% de los hogares consume frutas y el 42,6% verduras-hortalizas a diario.
Recibir educación en materia alimentaria desde edades tempranas es fundamental para saber elegir y adquirir una buena alimentación en la época adulta. El 93,8% de las familias con hijos e hijas del estudio -atendidas por Cruz Roja- tienen beca comedor, lo que supone un alivio económico para las familias y, además, aprenden a comer variado y saludable. En los casos de familias con muchas carencias, permite tener cubierta al menos una comida completa al día. Una vez en casa, solo el 32% de las familias preparan alimentos frescos a diario y casi la mitad de los menores de edad no participan en la compra, la elección del menú, ni la preparación de los alimentos.
