Cruz Roja ha presentado el Boletín sobre la Vulnerabilidad Social nº 22, ‘La crianza en la Primera Infancia’. El estudio analiza la vulnerabilidad social de las familias con hijos de 0 a 6 años atendidas por la organización y el impacto que la COVID-19 y los distintos factores de riesgo en los ámbitos de empleo, ingresos, salud, vivienda, redes de apoyo, acceso a la protección social, etc.
“Entre los 0 y los 6 años de vida tiene lugar una etapa del desarrollo humano determinante para el futuro de la persona. Los preocupantes datos que arroja este estudio de Cruz Roja nos enfrentan a una realidad durísima sobre cómo la vulnerabilidad social y la pobreza de las familias condicionan el contexto de crianza”, explica Toni Bruel, coordinador general de Cruz Roja Española durante la presentación del Boletín sobre la Vulnerabilidad Social nº 22, ‘La crianza en la Primera Infancia’.
Este estudio, realizado con la colaboración de la Universidad Carlos III, muestra que la situación, que ya grave antes de la pandemia, ha empeorado sustancialmente en el contexto actual. Así, el 96% de los hogares está en riesgo de pobreza y exclusión social y el 54% experimenta privación material severa. Además, el 83% de las familias está en situación de pobreza extrema y tres de cada cuatro hogares no pueden asumir gastos de salud de sus hijos e hijas como gafas, audífonos o copagos.
Por otra parte, el 31,3% no pueden permitirse una comida con proteínas 3 veces en semana, y el 52,2% experimentan pobreza energética. El 55% de las personas atendidas están en situación de desempleo y cerca del 40% de los hogares tiene a todos sus miembros en paro. El 90% de las personas que tienen empleo son trabajadores pobres.
“Este impacto de la precariedad –indica Toni Bruel– genera, por una parte, angustia por no poder afrontar gastos básicos de los hijos e hijas pero, además, obliga a las familias a tener que elegir entre la cobertura de necesidades básicas y otras necesidades relevantes para el desarrollo infantil”.
En relación a las condiciones de las viviendas de estas familias podemos decir que el 22% se encuentran en exclusión residencial (conviven temporalmente con familiares o amistades, están ocupando viviendas, se encuentran en alojamientos temporales o albergues o tienen amenaza de desahucio – 4%-).
Además, el 61% tiene muchas o bastantes dificultades para afrontar los pagos de la vivienda como alquileres, hipotecas o servicios, y el 41% de las viviendas están en condiciones de insalubridad (humedades, escasez de luz, ruidos, contaminación y suciedad en el entorno…).
Respecto a la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, los datos evidencian el impacto de género: la crianza recae mayoritariamente en las mujeres, en el 63% de los casos sólo en la madre y en el 29% en ambos progenitores. Las mujeres dedican al cuidado entre 2 y 10 horas diarias más que los hombres. Más del 55% de las mujeres señala que esta dedicación influye en sus posibilidades de empleo.
“Nos preocupa especialmente que el estudio de Cruz Roja evidencia que el estrés generado por la pobreza puede debilitar el soporte emocional que los referentes adultos deben ofrecer a los niños y niñas en esta fase del desarrollo”, resalta Toni Bruel. Tres de cada cuatro personas se sienten preocupadas o estresadas y más de la mitad considera que sus hijos e hijas notan el estrés que sufren.
Además, en los casos en que existe violencia de género, ésta tiene un impacto devastador y compromete de forma considerable el bienestar emocional de las madres y de los niños y las niñas.
En relación a la protección social, cabe destacar que el 10% de las familias no recibe ninguna ayuda de tipo económico. El 42% percibe prestación por hijo a cargo. La sustitución de esta prestación por el Ingreso Mínimo Vital no está siendo automática (lo que genera gran vulnerabilidad). Sólo el 15,3% es beneficiaria del bono social, lo que pone de manifiesto las barreras de acceso a las medidas de protección contra la pobreza energética.
Por último, el coordinador general de Cruz Roja confía en que este estudio, que indaga en la situación de vulnerabilidad de las familias con hijos de 0 a 6 años, pueda ofrecer información relevante a todos los actores implicados en la respuesta a la crianza desde las administraciones públicas, agentes sociales, tercer sector y academia.
