La situación de las personas que viven en extrema pobreza en España, se encuentra entre las peores de la Unión Europea. Esto asegura Philip Alston, Relator sobre la extrema pobreza y experto en Derechos Humanos de la ONU, que realizó una visita la semana pasada a nuestro país.
El experto de la ONU visitó Madrid, Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña, y se reunió con personas afectadas por la pobreza, funcionarios de los gobiernos municipal, autonómico y central, así como activistas, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. También visitó numerosos centros comunitarios y escuelas, oficinas de ONG, un centro para personas con discapacidad, un centro de servicios sociales, un asentamiento informal para trabajadores inmigrantes, un bloque de viviendas privatizadas, un centro de trabajadoras domésticas y varias comunidades gitanas.
En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5 por ciento de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE, y ha sobrepasado el 30% para los menores de 25 años.
“A pesar de que España está prosperando económicamente, demasiadas personas siguen pasando apuros”, dijo Alston. “La recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron”.
“Ahora España necesita un liderazgo innovador a escala nacional, respaldado con recursos para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance. Con su acogida de los derechos sociales y la justicia fiscal, y su priorización de los más vulnerables, aplaudimos el mensaje del nuevo gobierno, pero es necesario que sus acciones estén a la altura de esa retórica”, señaló Alston.
“La pobreza es en última instancia una decisión política, y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla. El único aspecto positivo en la situación es que el nuevo Gobierno de coalición está firmemente comprometido con lograr la justicia social, pero los desafíos son grandes”, agregó.