En su intervención dirigida a luchar contra la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión social, Cruz Roja aúna acción e investigación; fruto de ello, ha presentado su boletín sobre vulnerabilidad número 30, ‘Calidad de vida de las familias vulnerables’, en el que ha estudiado esta temática en una muestra representativa de familias atendidas por Cruz Roja, con hijos e hijas entre 0 y 25 años. La investigación analiza las mismas variables utilizadas para la obtención del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) del INE. En todos los casos posibles se incluyen medidas específicas sobre el conjunto de la familia, lo que permite desarrollar de forma experimental un indicador de calidad de vida familiar.
La calidad de vida de las familias atendidas por Cruz Roja es 5,59 puntos inferior a la registrada por el INE 2021 para el conjunto de la población. En el resultado impactan claramente las condiciones materiales de vida, el empleo, la educación, el ocio y las relaciones sociales.
Cuando se trata de valorar su vida, sólo un 38,7% de las familias encuestadas manifiestan estar satisfechas con su vida, un dato que contrasta con el 74,7% correspondiente a la población general.
En cuanto al perfil de las familias, el más frecuente es el formado por una pareja con hijos e hijas (58,2%), pero lo es con un peso mucho menor que en el conjunto de las familias españolas (80%), en tanto que se da una presencia mucho mayor de familias con núcleo monoparental, sobrerrepresentadas con respecto a su presencia en la población general. El porcentaje de este tipo de familia es 19 puntos porcentuales superior entre la población atendida por CRE. Las encabezadas por mujeres son un 34,5% y las encabezadas por varones un 4,5%. La mayor presencia de este tipo de familias entre las atendidas por Cruz Roja ya muestra que se trata de una organización familiar especialmente vulnerable.
Las familias extensas (con presencia de personas no pertenecientes al núcleo de padres, madres e hijos e hijas) representan el 22,9%. En la mayoría de los casos, la formación de una familia monoparental es la consecuencia de una separación, o divorcio, pero en algunos casos se trata, además, de mujeres víctimas de violencia de género.
Por otra parte, el 92% de los niños y niñas de la población analizada viven en situación de pobreza infantil. La tasa para el conjunto de la población es del 28,7%.
El riesgo de pobreza y exclusión (90.2%) refleja una situación de mucha mayor vulnerabilidad que el del conjunto de la población española (20,4%, según la ECV-2022). Además, el 59,4% de los hogares se encuentra en situación de carencia material severa, aumentando cuando se trata de familias monoparentales (67,2%) y llegando a suponer 7 de cada 10 familias cuando se trata de las formadas por una madre y sus hijos e hijas.
Los discursos de las personas que han participado en los grupos focales que incluye la investigación coinciden en subrayar un incremento sustancial del coste de la crianza. Los mayores incrementos se han dado en alimentos, vivienda, gastos de suministros y gastos extraordinarios, lo que provoca restricciones en la alimentación que no se refieren tanto a la falta de alimentos, sino a la repetición de menús y a privarse de alimentos importantes como la carne o el pescado. También se señala la falta de acceso a medios de transporte, internet, ordenador u otros dispositivos móviles, con la implicación que esto supone para la educación.
El empleo y las condiciones laborales de estas familias destacan por la baja cantidad y la baja calidad del trabajo. Los datos de precariedad laboral y desempleo son alarmantes. El 40% de las personas encuestadas que están trabajando lo hacen menos de 20 horas semanales.
En lo que respecta a las condiciones materiales de vida, las familias atendidas por Cruz roja se sitúan 33,1 puntos por debajo de la población general. Su renta es muy inferior y el 93,4% tienen dificultades medias o altas para llegar a fin de mes. Uno de los factores que más definen esta situación es la vivienda. Las familias dedican de media un 47,1% de sus ingresos a los costes asociados a la misma, 7 puntos por encima de la tasa de sobrecarga del coste de la vivienda.
En la dimensión relativa a la educación, los indicadores de la población atendida son inferiores a los que obtiene la población general, destacando el abandono temprano de la formación (46,3% frente a 13,3%).
La puntuación obtenida en la dimensión de gobernanza y derechos básicos es, por el contrario, muy superior a la de la población general (153,48 frente a 100). Al igual que la obtenida en la dimensión de medio ambiente. Estos datos, unidos a la bajísima participación social y política de las personas atendidas configuran un panorama preocupante. Aunque es necesario indagar más sobre las razones de estos resultados, una de las hipótesis que parece más plausible es la de la precariedad.
Lo acuciante de los problemas cotidianos desenfocan probablemente el entorno y alejan estas temáticas de su esfera motivacional. Por otro lado, la falta de participación es, en sí misma, un elemento clave en el riesgo de exclusión social.
En esta noticia hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 10 como parte de nuestro compromiso para potenciar la consecución de la Agenda 2030. Puedes obtener más información de los ODS en el siguiente enlace.
